La Comisión de Autonomía Municipal presidida por el representante Juan José Santiago Nieves inició hoy, martes el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1034 que busca enmendar la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de flexibilizar los requisitos para dirigir la Oficina de Ordenación Territorial de los Municipios.
La medida de la autoría del legislador Domingo Torres García persigue atender lo dispuesto en la Ley 107, la cual dispone que el puesto de Director de las Oficinas de Ordenación Territorial de los Municipios estén ocupadas únicamente por planificadores licenciados conforme a la Ley 160-1996, conocida como “Ley para Reglamentar la Profesión de Planificador en Puerto Rico” o que posea un grado de maestría en planificación y cinco años de experiencia en el campo de la planificación, descalificando así la posible participación de otros profesionales en asuntos relacionados a la ordenación del territorio como los arquitectos o ingenieros.
Según surgió de la vista, 12 de 78 Municipios han logrado obtener la transferencia de jerarquías de Ordenación Territorial mediante convenios firmados con la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La presente enmienda, propone restablecer el texto original previo a la Ley 106, eliminar posibles obstáculos y permitir a los municipios poder reclutar a profesionales en disciplinas con experiencia en el campo de la planificación y urbanismo capaces de desempeñar la función de Director de la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio.
En lo dispuesto en la legislación, la oficina sería dirigida por un director nombrado por el alcalde o alcaldesa y confirmado por la legislatura municipal. Dicho funcionario será un planificador licenciado conforme a la Ley 160-1996, un arquitecto licenciado, un ingeniero licenciado o que posea un grado de maestría en planificación y cinco años de experiencia en el campo de la planificación. En el caso de los arquitectos e ingenieros licenciados, se requerirán ocho años de experiencia en el campo de la planificación.
A la vista compareció Ángel Luis Torres Ortiz, alcalde del municipio de Yauco, quien confirmó que el municipio no cuenta con un planificador, ya que se les ha resultado complicado encontrar un recurso que posea el grado o título y que cumpla con los requisitos para dirigir la Oficina de Ordenación Territorial.
‘’Además, quiero señalar que los requerimientos que establece la medida propuesta para que un arquitecto o ingeniero licenciado ocupe el puesto de Director de la Oficina son demasiado exigentes. El requerir que posea ocho años de experiencia en el campo de planificación es un término que imposibilita al Municipio encontrar un recurso que cumpla con dichos mandatos’’, sostuvo el Alcalde.
Torres Ortiz endosó la medida, pero destacó que ante la difícil situación económica que enfrenta el ayuntamiento y la reducción de ingresos, no cuentan con los recursos suficientes para poder proveer una paga meritoria a estos profesionales.
Por su parte, José Velázquez, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes estableció que ante la escasez de planificadores en el mercado laboral de la Isla requirió que se incorporen y añadan otros profesionales competentes en asuntos relacionados a la ordenación del territorio para que puedan ocupar el puesto de Director de la Oficina.
La Federación avaló el estatuto, pero dejaron claro que el proyecto, según redactado, no atiende las necesidades actuales de los municipios. ‘’Es menester que los municipios puedan contar con estos profesionales y que los requisitos sean flexibles, ya que mientras más exigencias haya, será difícil tener un Director y provocará un aumento significativo en las escalas de retribución para dichos puestos profesionales’’, puntualizó Velázquez.
Rechazo a la legislación por parte de la Junta de Planificación y Junta Examinadora de Planificadores
De otro lado, asistió a la audiencia Julio Lassus Ruiz, vicepresidente de la JP , quien no endosó el proyecto por entender que los únicos profesionales entrenados y capacitados para dirigir estas oficinas son los planificadores licenciados.
‘’Además, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, se establece que se ha dificultado el proceso de reclutamiento, sin embargo, la JP no ha recibido ni ha visto convocatoria alguna sobre las plazas disponibles en los municipios’’, expresó Lassus Ruiz.
De acuerdo con el vicepresidente de la JP, actualmente en Puerto Rico se han expedido 957 licencias de planificadores.
A su vez, mencionó que les preocupa el alcance de la medida de confirmarse que un Ingeniero presida la Oficina de Ordenación, ya que pudiera provocar un conflicto de interés.
‘’La planeación integral de Puerto Rico y sus municipios es un asunto serio y complejo que incluye temas trascendentales y a su vez, en estos tiempos donde hay una alta contingencia de riesgos, como lo son huracanes, terremotos y epidemias, por lo que los buenos gobiernos no improvisan; planifican’’, concluyó Lassus Ruiz.
De mismo modo, Miguel Hidalgo, presidente de la Junta Examinadora de Planificadores no apoyó lo establecido en el estatuto, ya que las exigencias y deberes que se le exigen al Planificador no son comparables a la formación educativa, deberes y responsabilidades que otros profesionales, mediante la aprobación del proyecto, podrían dirigir las Oficinas de Ordenación.
‘’Flexibilizar los requisitos para dirigir la Oficina pondría en riesgo la planificación territorial en Puerto Rico’’, expuso Hidalgo.
‘’Este proyecto provocaría que profesionales no expertos en la materia estén a cargo de dirigir y adelantar el desarrollo urbano, social, ambiental y económico de la Isla. Debemos recordar que, los arquitectos e ingenieros usualmente se enfocan en desarrollar e implementar la creación de un proyecto’’, agregó.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Santiago Nieves afirmó que ‘’nosotros no queremos menospreciar las labores de los planificadores en este país. Aquí lo que buscamos es establecer un diálogo para buscar alternativas que atiendan estos problemas por todos los recursos federales que se pierden y que los municipios necesitan’’. Mientras, el autor de la medida, Torres García informó sobre su deseo de colaborar con todos los sectores con injerencia en la medida. ‘’No quiero que se interprete que yo no quiero planificadores. Yo lo que quiero es darle la oportunidad a los alcaldes para que puedan contratar personal para esas oficinas. Yo no tengo problemas para establecer un diálogo y realizar enmiendas a la medida para armonizar su lenguaje. Incluso si tuviera que disminuir los años de experiencia no habría ningún inconveniente. La idea es aportar para el bien de cada ciudadano y desarrollo de nuestro país’’.
