La Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ángel Fourquet Cordero realizó una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 942 y la Resolución de la Cámara 364 que busca enmendar e investigar Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”.
La ley regula el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico y tiene el propósito de viabilizar la propiedad individual sobre un apartamento, que forma parte de un edificio o inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal.
A la vista compareció Alfredo Martínez Álvarez, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), quien indicó que reconoce la intención de la medida para simplificar las exigencias aplicables a los administradores de los condominios, pero recomendó que deben adoptarse remedios alternos que sean distintos a lo propuesto en la actual legislación.
Martínez Álvarez destacó que la enmienda a la Ley 129 tendría el efecto de eliminar los distintos seguros o requisitos aplicables a los agentes administradores dejando la ley desprovista de las exigencias. ‘’En ese sentido, la legislación no provee un escenario alterno de cuáles deberían ser los requisitos que tendrían que cumplir los agentes administradores bajo el mandato de la Ley de Condominios”, añadió.
‘’Se eliminarían de las exigencias de ley, la certificación de póliza del Fondo del Seguro del Estado y las certificaciones negativas de antecedentes penales. Ello tendría un efecto nocivo sobre los propios condominios y sus titulares porque privará a estos de protecciones’’, agregó el presidente de la ACPR.
Martínez Álvarez finalizó su argumentación diciendo que ‘’la legislación que se adopte finalmente no debe liberalizar o flexibilizar las exigencias o requisitos de la Ley 129 porque los titulares merecen y necesitan una salvaguardas y protecciones básicas mediante las cuales los administradores respondan cuando se generan pérdidas o se causan ciertos daños a los titulares’’.
Por su parte, Mary Ortega, directora ejecutiva de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso expuso que ‘’ante la mala administración, malversación y robo de dinero’’ que han sufrido los condominios, presentaron a la legislatura y al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la propuesta de crear un registro de Administradores de Condominios. ‘’Era importante que la nueva Ley de Condominios incluyera la obligación a los Agentes Administradores de tener pólizas de seguros para administrar condominios’’.
Actualmente, según Ortega, las pólizas representan un costo anual aproximado de $2,300 al Agente Administrador por todos los condominios que trabaje. ‘’Si los condominios quieren tener mejores garantías ante una situación de negligencia, malversación o robo, es necesario requerir pólizas que aseguren este riesgo’’, añadió la directora ejecutiva.
De otro lado, Jay Morales Rosado, presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios y Urbanizaciones (AACU) confirmó que actualmente hay personas que no cumplen con el conocimiento ni cuentan con los requisitos para hacer negocios en Puerto Rico. ‘’Estos son individuos que se mueven en una economía subterránea y que por falta de supervisión o dirección de la Junta de Directores a las tareas delegadas, pueden llegar a cometer actos, cuyas consecuencias afectan de forma económica a los Consejo de Titulares’’.
‘’Estas personas buscan de condominios vulnerables, cuyos miembros de Junta de Directores tienen un conocimiento básico o ninguno de lo que envuelve la administración del Condominio’’, aseguró.
Se estima que en Puerto Rico hay más de 3,000 condominios, lo que equivale a más de 500 mil residentes. Sin embargo, no hay estadísticas que lo confirmen, debido a que el DACO no ha recopilado la información. ‘’Ciertamente hay que analizar a profundidad para mejorar todos los aspectos relacionados a esta legislación ya que vivimos en una área de actividad sísmica, posibles eventos atmosféricos y pandemia así que por más atípico que sean las situaciones actuales tenemos que estar preparados para hacer una medida idónea que cumpla con cada requisito’’, puntualizó el legislador Fourquet Cordero.
