La Comisión para la Reparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia, presidida por el representante Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo, celebró hoy, jueves, una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 402, que investiga las condiciones actuales, así como los procesos de preparación y respuesta de las telecomunicaciones de Puerto Rico ante una emergencia.
El Negociado del Cuerpo de Bomberos fue la agencia gubernamental que presentó mayores necesidades de presupuesto recurrente y actualización de equipos de comunicación especializado.
“Al momento, nos encontramos con una baja cobertura en cuanto a las comunicaciones basado en los estándares (de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés)”, señaló el comisionado interino del Negociado, Marcos Concepción Tirado.
Según la ponencia presentada por Concepción Tirado, los bomberos manejan radios de marca Johnson, modelo EF511, los cuales han sido descontinuados y las baterías de reemplazo son muy costosas.
“Para poder cumplir con nuestro deber ministerial es necesario que nuestros sistemas de comunicación estén operando en todo momento sin interrupciones”, mencionó el Comisionado Interino de Bomberos.
Por su parte, el representante Víctor Parés preguntó a Concepción Tirado si había reclamado mayores fondos al Departamento de Seguridad Pública para el área de infraestructura y telecomunicaciones.
“Yo le aseguro a usted que el secretario del DSP, Alexis Torres, tiene pleno conocimiento de nuestra situación. Él tiene muy buenos lazos con nosotros. La realidad es que nosotros somos un gasto para el erario. Un gasto horrible. El equipo de nosotros es extremadamente costoso. El mantenimiento es muy cuesta arriba”, recalcó Concepción Tirado.
También, el bombero destacó que el Negociado perdió recientemente la División de Prevención de Incendios con las inspecciones, que ayudaban a la dependencia a recaudar fondos para invertir en equipos.
“Eso pasó ahora a manos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Ahora, la captación de dinero es muchísimo menos”, señaló el Comisionado Interino.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Pública presentó una ponencia sobre el estado y funcionamiento del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM), que tiene entre sus deberes garantizar a la ciudadanía en general un servicio de óptima calidad cuando de forma no prevista necesite primeros auxilios.
En la actualidad, la respuesta del NCEM proviene de la estructura operacional del NSE 9-1-1, ya que es el Negociado encargado de reportar cualquier emergencia que requiera la intervención del NCEM.
“Puerto Rico cuenta con un sistema de respuesta capaz de atender cualquier emergencia a la mayor brevedad posible. No obstante, siempre hay espacio para mejorar, por lo que los componentes de seguridad pública y respuesta trabajamos fuertemente con la encomienda de disminuir el tiempo de respuesta en provecho del bienestar de nuestra ciudadanía”, resaltó el secretario del DSP, Alexis Torres Río, a través de una ponencia escrita.
Por su parte, la directora de la oficina de preparación y respuesta del Departamento de Salud de Puerto Rico, Shirley Esquilín, aseguró que la entidad gubernamental cuenta con equipos primarios y secundarios especializados para responder ante una emergencia.
También, la actividad legislativa contó con la participación del propietario de Campo Rico Group, José Luis Rodíguez, empresa puertorriqueña que ofrece servicios de internet satelital.
“Es importante que esta Comisión y el gobierno elaboren un plan integrado a corto, mediano y largo plazo en las telecomunicaciones. Sin un plan es bien difícil que las acciones que se hacen, por más bien intencionadas que sean, lleguen lejos en la respuesta efectiva ante una emergencia”, añadió Rodríguez.
En la vista pública también participó la Puerto Rico Telephone Company (Claro Puerto Rico). “En Claro estamos comprometidos con mejoras y adelantos sostenidos tanto en nuestros planes de contingencia como en nuestra tecnología e infraestructura para asegurar la continuidad de los servicios esenciales de telecomunicaciones que proveemos en beneficio de la salud y seguridad de nuestras comunidades”, mencionó la especialista jurídico en asuntos reglamentarios de Claro PR, Diana I. Rivera Jiménez.
