El DF avala el proyecto de ley, sin embargo, recalcó que hace falta Trabajadores Sociales
Las Comisiones de Bienestar Social de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, celebraron hoy, martes, una vista pública conjunta con el fin de discutir el Proyecto de la Cámara 911 y el Proyecto del Senado 537, que buscan establecer la “Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar”.
La medida además busca garantizar el cumplimiento de la Ley del Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Services y derogar la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.
El propósito del proyecto de ley dispone atemperar las prácticas administrativas y judiciales del Gobierno de Puerto Rico en todo proceso de protección de menores con adelantos recientes en las ciencias del desarrollo humano.
A la vista pública asistió la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen Ana González Magaz, quien expuso que el proyecto representa una oportunidad dorada, sin precedentes, para atajar el maltrato de raíz, proveyendo herramientas y ayudas a menores en riesgo de ingresar en cuidado sustituto y sus familias.
“Este proyecto ofrece una oportunidad para maximizar las prácticas innovadoras, políticas efectivas y programas con evidencia científica robusta para lograr que nuestra niñez y juventud se desarrollen en ambientes familiares que promuevan su mejor bienestar mientras se ofrecen servicios de apoyo y fortalecimiento familiar”, enfatizó la secretaria, quien dijo además que la entidad necesita reclutamiento de mayor personal y “en esas vías, Family First nos provee no tan solo incluir diferentes agencias, a la comunidad y organización, sino nos trae reclutamiento adicional para proveer servicios adicionales para la reservación de la familia”.
El Family First comenzó el primero de octubre de 2021, con el propósito de proveer servicios informados en trauma y basados en evidencia en áreas de salud mental, abuso de sustancias, destrezas de crianza en el hogar, y programas de apoyo y acompañamiento a cuidadores.
Esta pieza legislativa resalta que los menores de edad son la base de nuestra sociedad y nuestro futuro, y es deber de todos protegerlos de situaciones que atentan contra su desarrollo, salud, y felicidad, como el maltrato, la negligencia, el abandono, la explotación y la trata humana que tienen un impacto perjudicial en el desarrollo cognitivo, emocional y físico de los niños.
Para el 2019, en Puerto Rico, se recibieron un total de 17,474 (30.5%) referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamentados.
De otra parte, la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos indicó que bajo la custodia del Estado tienen 2,459 menores; bajo la custodia permanente 1,316; bajo custodia provisional 1,049; menores con plan de adopción 364. Y en término de los hogares, hay un total de 487, familiares – 190; particulares – 185; y 112 hogares terapéuticos.
Por otro lado, según la directora interina de la Unidad de Título 4E de ADFAN, si no se logra derogar la Ley 246-2011, se pudiese estar perdiendo entre $300 a $400 millones de dólares anuales.
“Con la pérdida de estos fondos se le haría sumamente difícil a la ADFAN poder proveer los servicios que nuestras niñas y nuestro niños y jóvenes que en este momento se constituyen los más vulnerables, serían los más afectados”, afirmó Delma Bernier González.
En su turno de preguntas, la representante Lisie J. Burgos Muñíz preguntó sobre cuáles son métricas que cuenta el DF para garantizar el regreso seguro de un menor a su hogar? “La métrica que se utiliza es el plan de servicio que se hace a cada familia y se tiene que estar evaluando constantemente. Si esa familia cumple o no, está integrada”, abundó Gerena Ríos.
Asimismo, Gerena Ríos mencionó que la agencia cuenta con un protocolo de tiempo promedio de las investigaciones de casos de maltrato. “Según nuestro protocolo, tenemos 30 días para realizar una investigación de un referido de un caso de maltrato. Todos conocemos la falta que hay en el Departamento de Trabajadores Sociales, el volumen alto de investigaciones. Para el año pasado (2020) recibimos 7,815 versus este año 11,157”.
“Ha habido un incremento de referidos que el año pasado y reconocemos la situación que tenemos de trabajadores sociales en todas las áreas”, recalcó.
