Buscan establecer puntos de encuentro familiar

Proponen proveer un espacio seguro para realizar visitas supervisadas en un lugar neutral para la entrega y recogido de menores

La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Lisie Burgos Muñíz realizó hoy una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 496, de la autoría de la legisladora Wanda del Valle Correa, que busca enmendar del Plan de Reorganización, mediante el cual se renombre y reorganice el Departamento de Servicios Sociales, como el Departamento de la Familia (DF). 

Rep. Lisie J. Burgo Muñiz, presidenta de la Comisión 

El proyecto de ley busca disponer que en los Centros de Servicios Integrales de la Familia se designen y/o habiliten áreas a denominarse como “Punto de Encuentro Familiar”, que funcionen durante horario extendido los siete días de la semana, y desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre las personas no custodias y sus hijos e hijas, mediante un espacio seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para la entrega y recogido de menores para visitas familiares.

La consejera familiar, patóloga y mediadora del Tribunal, Yolanda Rivera expresó que en Puerto Rico existe solamente un centro de visitas supervisadas, conocido como ‘Proyecto Encuentro’ y pertenece a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y a la Administración de Familias y Niños (ADFAN), y ubicada en la Región de Bayamón del DF. “Este proyecto está respaldado por fondos federales pertenecientes al Access and Visitation Grant Program y tiene más de 10 años en Puerto Rico”

El “Punto de Encuentro Familiar” tiene como fin garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores de mantener relaciones filiales con sus progenitores después de la separación, estableciendo vínculos necesarios para su buen desarrollo psicológico.

Rivera indicó que el programa no ofrece los servicios de mediación y consejería, ni tampoco está regulado por los estatutos federales que rigen a los proveedores de estos servicios en Estados Unidos. “Las facilidades físicas no cumplen con la reglamentación, además, la localización no favorece el acceso al mismo y la cantidad de personas que se atienden no guarda relación con la demanda que tiene el servicio”, sostuvo la licenciada, quien recomendó que se presente legislación dirigida a la implementación compulsoria de estos centros en la isla. 

Asimismo, la representante Burgos Muñiz coincidió en que “sería excelente y beneficioso que proyectos como este se repliquen en toda la isla”.

Related posts