Un gran jurado federal emitió una acusación formal de tres cargos acusando a Carlos J. Izquierdo Carrero de obstrucción a la justicia y dos cargos de incumplimiento de las órdenes del Capitán del Puerto relacionadas con un negocio de alquiler de botes que Izquierdo Carrero operaba desde La Parguera en Lajas a la Bahía de Caracoles, sin las licencias correspondientes para hacerlo, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) y la Sección de Investigación de la Guardia Costera (CGIS) estuvieron a cargo de la investigación.
Según la acusación, el 28 de octubre de 2019, el personal del Departamento de Prevención de la USCG se comunicó con Izquierdo Carrero, propietario de Pura Vida Boat Trips, y le informó sobre los requisitos para obtener las licencias necesarias para operar comercialmente embarcaciones con pasajeros para alquiler. Izquierdo Carrero utilizó varias embarcaciones como parte de Pura Vida Boat Trips, un negocio de chárter comercial, que incluía el Bertram, el Pura Vida y el Kaira.
El 17 de abril de 2021 o alrededor de esa fecha, la USCG determinó que la operación del Bertram, el Pura Vida y el Kaira representaba una condición de navegación insegura y una amenaza ambiental significativa para el puerto y las vías navegables de los Estados Unidos dado que Izquierdo Carrero no logró cumplir con las leyes y regulaciones de licencias aplicables para chárter comerciales. Izquierdo Carrero recibió órdenes del capitán del puerto para sus tres embarcaciones y se le advirtió formalmente sobre su incumplimiento de los requisitos regulatorios y de licencia aplicables. A pesar de las advertencias, Izquierdo Carrero continuó operando comercialmente esas tres embarcaciones, entre otras, sin cumplir con las Órdenes de Capitán de Puerto de la USCG y las regulaciones aplicables relacionadas con la operación segura de los chárter comerciales.
El 7 de mayo de 2021, durante una operación encubierta, Izquierdo Carrero, ayudado e instigado por otros, operó viajes chárter comerciales desde La Parguera hasta la Bahía de Caracoles, incluso en Pura Vida, Kaira y Mirta Iris, en violación de las Órdenes de Capitán de Puerto del USCG y de licencias aplicable. Además, Izquierdo Carrero obstruyó la inspección del Mirta Iris al instruir a agentes encubiertos de la USCG a mentir y tergiversar que eran amigos de Izquierdo Carrero y que no pagaban por ser pasajeros del chárter.
“Desafortunadamente, Pura Vida Boat Trips no es la única compañía que opera ilegalmente en las playas y áreas turísticas de Puerto Rico”, dijo el Fiscal Federal Muldrow. «Este enjuiciamiento debería servir como una advertencia para otros operadores de embarcaciones que no están cumpliendo con importantes regulaciones de seguridad y otras diseñadas para proteger a los ciudadanos y turistas locales».
“Las operaciones ilegales de pasajeros representan una amenaza para la seguridad de la vida en el mar y el medio ambiente, quienes continúen con esta práctica pueden enfrentar fuertes multas y posibles enjuiciamientos”, dijo el Capitán Gregory H. Magee, comandante del Sector San Juan. “La Guardia Costera está comprometida a identificar y erradicar esta práctica ilegal. Al hacerlo, nuestro Departamento de Prevención del Sector San Juan continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestro Servicio de Investigación de la Guardia Costera y nuestros socios en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fuerzas del orden público locales y federales para proteger a la gente de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y nuestros visitantes de esta amenaza «.
«Las operaciones de chárter ilegales representan una amenaza significativa para nuestras comunidades, también pueden convertirse en un camino hacia otras actividades ilegales y deben ser tratadas de manera agresiva por la comunidad de aplicación de la ley marítima», dijo Zinnia James, agente especial a cargo del Servicio de Investigación de la Guardia Costera de la Región Sudeste. .
La Fiscal Federal Auxiliar María L. Montañez-Concepción de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública está a cargo del procesamiento del caso. De ser declarado culpable, el imputado enfrenta hasta 5 años de prisión por obstrucción a la justicia y hasta 6 años de prisión por incumplimiento de las órdenes del Capitán de Puerto, más la imposición de una multa y libertad supervisada.
