Ciudadanos han denunciado que aseguradoras han puesto trabas a servicios médicos relacionados al COVID-19
Tras las continuas denuncias públicas relacionadas al incumplimiento de la Ley Núm. 43-2020 conocida como Ley para combatir el COVID-19, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Keren Riquelme Cabrera, radicó una resolución para que la Comisión de Salud del Senado investigue la prestación de tratamiento médico relacionados al COVID-19.
La Ley para combatir el COVID-19 establece que todo cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento de COVID-19, incluyendo hospitalización, será libre de costo para toda la ciudadanía, sin importar si cuentan o no con seguro de salud. Precisa además que ninguna organización de seguros de salud, aseguradora, PBM o terceros administradores podrá requerir algún copago deducible, referido o pre-autorización, por el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incluyendo hospitalización y permite el pago o reembolso.
“Tanto Jorge Galva, administrador de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), como el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, han denunciado que existen planes médicos que no están ofreciendo cobertura de pruebas de antígeno, ni tratamiento monoclonal, e incluso un laboratorio clínico intentó cobrar deducible por la administración de una prueba de detección de COVID-19, esto en franca violación de ley y a la política pública”, expresó la Senadora.
Riquelme sentenció que “muchos ciudadanos, particularmente la población de la tercera edad no conoce los derechos que les concede esta ley y es triste que existan personas o empresas inescrupulosas que se aprovechen de la vulnerabilidad de este momento histórico para privar o poner trabas a los servicios de salud. Esta situación es delicada y urgente, por lo cual confiamos en que el Senado le de paso”.
La resolución busca profundizar en la rigurosidad de los criterios de las aseguradoras para atender los casos de COVID-19 y determinar si cubren o no los gastos médicos. “Veremos además como se está atendiendo esta condición de salud en las dependencias del Gobierno y en el sector privado”, explicó la senadora.
La Comisión de Salud deberá rendir informes preliminares de sus visitas o inspecciones, vistas e información recibida cada 60 días. Posteriormente, rendirá un informe final con sus hallazgos y recomendaciones en un término de 180 a partir de la aprobación de esta Resolución.
