Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de siete cargos acusando a 20 hombres y cuatro mujeres de tráfico de cocaína en el Distrito de Puerto Rico, a partir de 2017. La Administración para el Control de Drogas (DEA) supervisa la investigación, con la colaboración de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), la Policía Municipal de Ponce y el Departamento de Rico Departamento del Tesoro. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos también colaboró durante las detenciones.
Según el documento de acusación, desde 2017 hasta la fecha de la devolución de la acusación, 24 personas conspiraron para poseer con la intención de distribuir cocaína. Los acusados son:
Arthur W. Rodríguez-Sánchez, alias “Drizmali/Chino/Quemao/Templo/Chal/Chal F”
Emmanuel Rodríguez-Rodríguez, alias “Jíbaro”
Smill E. Gómez- De La Cruz, alias “Pampara/Pompera/Pampera/Carlos/Carlitos”
Rubén E. Vidal-Flores
Juan C. Cuevas-Feliz
Yan C. García-Pola
Víctor X. Zorrilla-Mejías
Wilfredo R. Vázquez-López, alias “W/Www”
José A. Aquino-Perales
Alexis Abreu-Cordero, alias “El Viejo/Alexis/Alexis Ozuna-Cordero”
Peter J. Reyes-Suárez
Ángel L. Hernández-Díaz, alias “Coly/Coli/Coli El Fuerte”
Ángel L. Santiago-Rivera
Jorge Rodríguez Flores
Héctor Zayas-Schulze
José Velázquez Madera
Kenneth A. Cruz-Fontánez
Michael Agrinsoni-Mejías,
José M. Hidalgo-Duarte
Jesús H. Vega-Rivera, alias “Gipeta/Jipeta/Millonario 27”
Verónica Questell-Rodríguez
Deyanira Velázquez-Álvarez
Kailyn N. Rivera-Torres
Zuleyka Torres Mejías
Además, 21 están acusados de conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos y conspiración para importar cocaína de los países de Colombia, Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Islas, a Puerto Rico.
Los acusados hicieron múltiples viajes entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas y Estadounidenses para transportar narcóticos. Durante sus aventuras de contrabando, los acusados utilizaron dos o tres embarcaciones para distraer a los agentes del orden. Además, reclutaron mujeres de confianza que podrían hacerse pasar por señuelos en los barcos para las fuerzas del orden del distrito. También reclutaron al acusado José A. Aquino-Perales, un oficial de policía de NPPR FURA que actuaba como vigía en Puerto Rico de la organización narcotraficante.
“Los arrestos de hoy desmantelan una organización que coordinaba no solo el contrabando internacional de drogas, sino también el movimiento de las ganancias de las drogas, lo cual es esencial para el éxito de estas actividades ilegales”, dijo el Fiscal Federal Muldrow. “Continuaremos maximizando nuestros esfuerzos multiagenciales y combinaremos recursos para investigar y enjuiciar a quienes introducen drogas de contrabando en Puerto Rico”.
Además de los cargos de narcotráfico, cuatro acusados están acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios, que involucró el producto del tráfico de sustancias controladas.
Los demandados se enfrentan a una acusación de decomiso de los siguientes bienes:
- Un lote de terreno ubicado en el barrio Calabazas, en Yabucoa, Puerto Rico
- Una casa de dos niveles ubicada en la Urbanización Vista de Lago Campo, en Trujillo Alto, Puerto Rico
- Propiedad ubicada en Urbanización Villa Del Rey, Sección IV, Lote 12, 4-G, ubicada en Caguas, Puerto Rico
- Propiedad ubicada en Sector Coco Barrio Jueyes, en Salinas, Puerto Rico
- Seis embarcaciones
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) y Jefe de la Sección de Delincuencia Organizada Transnacional Max J. Pérez-Bouret; Subjefa de Sección de Delincuencia Organizada Transnacional, AUSA María L. Montañez-Concepción; y AUSA Jorge L. Matos están a cargo de la acusación del caso.
Este enjuiciamiento es parte de una investigación de las Fuerzas Especiales de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia que aprovecha las fortalezas de los organismos federales, organismos estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley contra las redes criminales.
